Perú 2025: Un año de contrastes entre estabilidad macroeconómica y crisis social
El año que nos dejó
El 2025 fue, sin duda, un año que puso a prueba la resiliencia del Perú. Mientras los indicadores económicos mostraban señales de recuperación, el país vivió su momento más crítico en términos de inseguridad ciudadana y fragmentación política. Este contraste define el complejo escenario que heredamos al iniciar el 2026.
Lo económico: luces en medio de la incertidumbre
En el plano económico, el 2025 cerró con resultados que, si bien no son espectaculares, merecen reconocimiento. La economía peruana creció alrededor del 3.3%, superando el promedio latinoamericano y consolidándose como una de las economías más dinámicas de la región. Este crecimiento se sostuvo principalmente en sectores específicos: la minería, que alcanzó niveles récord de producción y empleo formal; la agroexportación, que continuó diversificando mercados; y los servicios, que mostraron una recuperación gradual del consumo.
La inflación, ese fantasma que tanto preocupó en años anteriores, finalmente se ubicó dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (entre 1% y 3%), cerrando el año en aproximadamente 1.5%. Esta estabilidad de precios permitió al BCR reducir progresivamente su tasa de referencia hasta 4.25%, acompañando así la normalización monetaria sin comprometer la estabilidad financiera.
Las exportaciones fueron protagonistas indiscutibles, encaminándose a cerrar el año con un récord histórico cercano a los 80 mil millones de dólares, impulsadas por los altos precios internacionales de las materias primas. El superávit comercial se mantuvo sólido, alcanzando aproximadamente 2.3% del PBI, mientras que las reservas internacionales netas se mantuvieron robustas en más de 91 mil millones de dólares.
Sin embargo, no todo fue positivo. La inversión privada, aunque creció más de 9% en 2025, enfrentó constantes episodios de incertidumbre relacionados con la inestabilidad política. El cumplimiento de la regla fiscal se logró, pero más por una recaudación excepcional vinculada a los buenos precios de las materias primas que por una verdadera contención del gasto público.
Lo político: inestabilidad crónica y cambios abruptos
El 2025 será recordado como uno de los años más turbulentos políticamente. En octubre, el Perú experimentó su séptimo cambio presidencial en menos de una década cuando Dina Boluarte fue vacada por el Congreso, dando paso a José Jerí Oré como presidente mediante sucesión constitucional. Este cambio ocurrió en medio de una crisis profunda, con una desaprobación ciudadana que superaba el 90% hacia la gestión Boluarte.
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo estuvo marcada por constantes tensiones. El Congreso, altamente fragmentado y con más de 100 de sus 130 miembros bajo investigación, aprobó leyes que generaron controversia, desde la reducción de la edad de responsabilidad penal hasta normas percibidas como favorables a la delincuencia organizada.
El proceso electoral para 2026 comenzó a tomar forma con la inscripción de un récord histórico de 43 partidos políticos, reflejando una fragmentación sin precedentes. La eliminación de las elecciones primarias abiertas fue duramente criticada por especialistas, quienes advirtieron que esto permitiría que candidatos con mínimo respaldo popular lleguen a segunda vuelta.
Lo social: el año más violento en décadas
Si hay algo que definió el 2025 en la conciencia colectiva de los peruanos fue la inseguridad ciudadana. El país vivió su año más violento en la historia reciente, con homicidios que superaron los 960 casos, un incremento del 20% respecto a 2024. La extorsión alcanzó cifras récord, con un crecimiento de más del 540% desde 2022.
La violencia permeó todos los estratos sociales. Desde el humilde mototaxista hasta empresarios mineros, nadie escapó al azote de las bandas criminales. Los casos emblemáticos, como el atentado en el concierto del grupo Agua Marina en octubre, movilizaron a la ciudadanía en paros y protestas masivas que paralizaron Lima y otras ciudades importantes.
Más de 2,600 comercios se vieron obligados a cerrar por la inseguridad generalizada, mientras que el sector transporte fue particularmente golpeado, con paros masivos que involucraron más de 20,000 unidades en abril. La tasa de homicidios se triplicó desde 2021, evidenciando el fracaso de las políticas públicas de seguridad.
La respuesta del Estado fue percibida como insuficiente. Los sucesivos estados de emergencia decretados en diversas zonas del país, incluyendo barrios de Lima, resultaron ineficaces para contener el crimen organizado. La corrupción policial y judicial, junto con cárceles dominadas por bandas criminales, completaron un panorama desolador.
¿Qué esperar en 2026?
Economía: crecimiento moderado con incertidumbre electoral
Las proyecciones económicas para 2026 apuntan a un crecimiento del 3%, ligeramente por debajo del 2025. Este escenario está condicionado por varios factores:
Factores favorables:
Los términos de intercambio se mantendrán elevados, beneficiando las exportaciones
Nuevos proyectos mineros entrarán en operación, generando empleo e inversión
La inflación se mantendrá controlada, cerrando el año cerca del 2.5%
El tipo de cambio, aunque volátil por el ruido electoral, podría ubicarse entre 3.45 y 3.70 soles por dólar
Riesgos principales:
La incertidumbre electoral afectará las decisiones de inversión privada, que podría crecer solo 1% en contraste con el 9% de 2025
Las tensiones comerciales globales, particularmente entre Estados Unidos y China, podrían impactar negativamente
El "populismo congresal" y las iniciativas de gasto sin financiamiento adecuado amenazan la sostenibilidad fiscal
La inseguridad ciudadana continuará afectando sectores vulnerables como comercio y transporte
Los economistas coinciden en que el país necesita urgentemente reformas estructurales para mejorar la productividad y no depender exclusivamente de los precios favorables de las materias primas.
Política: las elecciones más complejas de la historia
Las elecciones del 12 de abril de 2026 serán históricas por varias razones. Por primera vez en 32 años, los peruanos elegirán un Congreso bicameral: 60 senadores y 130 diputados, además del presidente, vicepresidentes y parlamentarios andinos.
El panorama electoral actual:
43 partidos políticos habilitados para competir
Ningún candidato supera el 10% en las encuestas de intención de voto
Rafael López Aliaga lidera con apenas 10%, seguido por Keiko Fujimori (7-8%) y Mario Vizcarra (5%)
El 48% de los electores aún no tiene candidato definido o votará en blanco/viciado
27 millones de peruanos habilitados para votar, incluyendo casi 7 millones de jóvenes entre 18 y 21 años
Las encuestas revelan datos preocupantes: el 73% de ciudadanos no sabe cuándo se realizarán las elecciones, evidenciando una profunda desconexión entre la clase política y la ciudadanía. La desconfianza en las instituciones democráticas, con el Ejecutivo y el Congreso manteniendo un índice de desaprobación del 95%, augura una campaña marcada por el voto castigo y la fragmentación.
Social: la inseguridad como prioridad número uno
La seguridad ciudadana será, sin duda, el tema central de la campaña electoral. El 52.2% de la población considera la delincuencia como el principal problema del país, y el 19.7% señala la falta de seguridad ciudadana como otra preocupación prioritaria.
El riesgo es que los candidatos recurran a propuestas populistas y punitivas sin sustento técnico, como ha ocurrido en los últimos 20 años. Lo que el país necesita es:
Una política de Estado integral contra el crimen organizado
Reforma del sistema penitenciario
Fortalecimiento de la capacidad de investigación del Ministerio Público
Combate frontal a la corrupción policial y judicial
Mayor inversión en prevención del delito
José Jerí, el actual presidente, ha anunciado un Plan Nacional de Seguridad para presentar en enero, pero la efectividad de estas medidas en sus pocos meses restantes de gestión es incierta.
Los desafíos estructurales pendientes
Más allá del ciclo electoral, el Perú enfrenta problemas profundos que requieren atención urgente:
Desigualdad y pobreza: El 28% de los peruanos vive en situación de pobreza, sin capacidad para cubrir la canasta básica de 454 soles mensuales por persona.
Informalidad laboral: Más de 13 millones de los 18 millones de trabajadores peruanos laboran en la informalidad, sin contratos, beneficios ni acceso a seguridad social.
Brechas regionales: Las disparidades entre la costa urbana y las zonas rurales e indígenas persisten. Solo el 52% de la población indígena tiene acceso a desagüe, comparado con el 75% del promedio nacional.
Calidad de servicios públicos: La ejecución presupuestal sigue siendo deficiente, especialmente en gobiernos locales que a noviembre ejecutaron solo el 60.2% de su presupuesto.
Reflexiones finales
El 2026 será un año definitorio para el Perú. El país llega a las elecciones con fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos pero con una sociedad profundamente desencantada de sus instituciones políticas y sumida en la inseguridad.
El verdadero desafío no es solo elegir a un nuevo presidente, sino encontrar un liderazgo capaz de:
Restablecer la confianza en las instituciones democráticas
Implementar políticas efectivas contra el crimen organizado
Impulsar reformas estructurales que mejoren la productividad
Reducir la desigualdad y ampliar las oportunidades para todos los peruanos
La fragmentación política extrema y la falta de liderazgos consolidados generan incertidumbre sobre la capacidad de gobernabilidad del próximo presidente, quien probablemente llegará al poder con apenas el 5-10% de respaldo en primera vuelta.
Como ha advertido el politólogo Fernando Tuesta, el sistema electoral actual podría producir nuevamente un presidente débil, obligado a negociar con un Congreso fragmentado donde ninguna fuerza tendrá mayoría. Este escenario plantea el riesgo de continuar con la inestabilidad política que ha caracterizado al país desde 2016.
El Perú necesita más que nunca un debate serio sobre sus problemas estructurales, más allá de las promesas electorales. Solo con instituciones sólidas, políticas de Estado consensuadas y un compromiso genuino con el bienestar de todos los ciudadanos podrá el país superar esta crisis de representación y gobernabilidad que amenaza con profundizarse en los años venideros.
El 2026 nos dirá si somos capaces de dar ese salto cualitativo o si continuaremos atrapados en el ciclo de inestabilidad que nos ha caracterizado en la última década.
WAMOROS W
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